DECÁLOGO  DE  TRANSPARENCIA  E  INTEGRIDAD

 

 

       El nivel de transparencia de las entidades que integran el Sector público español es manifiestamente mejorable, y por otra parte, los responsables políticos que ejercen el gobierno y la representación de los ciudadanos han de dar muestras del nivel de integridad y de apertura informativa que de ellos y de sus organizaciones demanda la sociedad. Es por ello que Transparencia Internacional España manifiesta la necesidad de que los distintos Partidos políticos españoles asuman los Principios y medidas que se recogen en el siguiente Decálogo de Transparencia e Integridad:

 

1.Tramitación urgente de una ley de transparencia y acceso público a la información, que incorpore procesos y órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace, cómo se hace, y cuanto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública, y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de la celebración de las Elecciones generales debería comenzar la tramitación parlamentaria de esta Ley de Transparencia.

 

2.Creación de un portal nacional de transparencia pública. Paralelamente a la citada Ley, este Portal de transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones y empresas que integran el abultado y complejo Sector Público español, es decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico, provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes públicos: Empresas, Organismos Autónomos, Fundaciones, Agencias, Mancomunidades, Consorcios, etc., ya que son entidades todas ellas financiadas por los propios ciudadanos (ver detalles de esta propuesta en Anexo 1).

 

3.Exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción. Los Partidos políticos podrían explicitar su integridad y dar una imagen pública más favorable evitando  que procesados por corrupción pudieran formar parte de las Listas electorales.

 

4.Reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos. De esta manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.

 

5.Compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses. Todos los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos, y que sin embargo no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.

 

6.Modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del g.r.e.c.o. En su último informe (Mayo 2011), el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los Partidos políticos españoles en cuanto a sus Fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando la necesidad de una mayor información acerca de los Préstamos recibidos, las Fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etc.

 

7.Establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación ON LINE de las cuentas de los partidos políticos, incluyendo el detalle de sus Cuentas electorales. Dado que una proporción claramente mayoritaria de los recursos financieros de los Partidos políticos es la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a éstos y hacer públicas dichas Cuentas.

 

8.Aprobación de una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.

 

9.Respeto efectivo de los principios de méritos y capacidad, y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la administración pública. El mérito debería asegurarse para el acceso a los Altos Cargos y a los Cargos directivos de las Fundaciones y las Empresas Públicas, deberían publicarse además los currículums de las personas que hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y eliminar cargos de asesores y eventuales.

 

10.Promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos, ONG,s, asociaciones empresariales, sindicatos y medios de comunicación, que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.

 

Aparte de estas diez Medidas fundamentales que integran el Decálogo, TI-España entiende que los Partidos políticos deberían igualmente asumir el compromiso de realizar o apoyar las Actuaciones que se recogen como Recomendaciones adicionales en el Anexo 2 a este Decálogo: Anexo 2.

 

Los anteriores principios y medidas están recogidos y ampliamente desarrollados dentro del conjunto de más de cuarenta propuestas que se incluyen en el proyecto ENIS (European National Integrity Systems) que TI-España está desarrollando junto con otros veinticinco países europeos, y cuyo texto final y resultados se van a publicar y presentar próximamente (más información del proyecto en Proyecto ENIS )